La tutela, la curatela y el defensor judicial son instituciones de guarda y protección legal orientadas a ocuparse de la persona y bienes de los menores no sujetos a la patria potestad de sus padres y de los incapacitados.
Estas instituciones de guarda y protección encuentran su regulación en los artículos 215 a 306 del Código civil, en la redacción dada por Ley de 24 de octubre de 1983, parcialmente reformados de nuevo por Ley de 11 de noviembre de 1987.

A través de la reforma llevada a cabo en octubre de 1983 se ocupó el legislador de las situaciones de desamparo de los menores e incapaces, así como también de aquellas situaciones en que concurriendo causa de constitución de tutela o curatela éstas no se han constituido, pero existe una persona que se ocupa de hecho del menor o incapaz, esto es un guardador de hecho.
La reforma de 1983, consagra el sistema de "tutela judicial" , amplificando las funciones de intervención y no sólo de supervisión a cargo del Juez y del Ministerio Fiscal.

Si hay alguna persona que se ocupa ?de hecho? del menor o de un presunto incapaz, es decir existe un guardador de hecho, conocido esta circunstancia por la autoridad judicial, esta podrá requerir a dicho guardador para que le informe acerca de la situación del menor o incapaz, de los bienes del menor o incapaz y de su actuación en relación con los mismos, pudiendo entre tanto el juez adoptar las medidas de control que estime adecuadas.
Confirmada la existencia de una causa de incapacitación, la autoridad judicial ha de poner el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal para que éste promueva su incapacitación a través del correspondiente procedimiento. Entre tanto, los actos realizados por el guardador de hecho si redundan en interés del menor o del presunto incapaz son validos.

Se considera legalmente situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.
En estos casos la entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores, cuando constate esta situación de desamparo tiene por ministerio de la Ley , de forma automática la tutela del mismo, debiendo adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando en legal forma a los padres, tutores o guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas.
La asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleva consigo la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen los padres o tutores en representación del menor y que sean beneficiosos para él.

Cuando los padres o tutores, por circunstancias graves no puedan cuidar al menor, podrán solicitar de la entidad pública competente que ésta asuma su guarda durante el tiempo necesario.
La entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando constancia de que los padres o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del hijo, así como de la forma en que dicha guarda va a ejercerse por la Administración.
La guarda asumida a solicitud de los padres o tutores o como función de la tutela por ministerio de la Ley, se realizará mediante el acogimiento familiar o el acogimiento residencial. El acogimiento familiar se ejercerá por la persona o personas que determine la entidad pública. El acogimiento residencial se ejercerá por el Director del centro donde sea acogido el menor. Se buscará siempre el interés del menor y se procurará, cuando no sea contrario a ese interés, su reinserción en la propia familia y que la guarda de los hermanos se confíe a una misma institución o persona. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o personas a quien hubiere sido confiado en guarda, aquél o persona interesada podrá solicitar la remoción de ésta.

Están sujetos a tutela:
1. Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.
En cuanto a los menores emancipados, nuestra legislación les considera aptos para regirse por sí mismos, a excepción de ciertos actos, básicamente tomar préstamos y enajenar bienes inmuebles u otros objetos de extraordinario valor, para los que precisan el consentimiento de los padres y, a falta de ambos, del tutor. ( ver preguntas relativas a la emancipación)
2. Los incapacitados, cuando la sentencia de incapacitación así lo haya establecido.
3. Los sujetos a patria potestad prorrogada, al cesar esta, salvo que proceda la curatela.
4. los menores que se hallen en situación de desamparo.

Si el ministerio fiscal o el juez competente tuvieren conocimiento de que en el territorio de su jurisdicción existe alguna persona que debe ser sometida a tutela, pedirá el primero y dispondrá el segundo, incluso de oficio, la constitución de la tutela.
Estarán obligados a promover la constitución de la tutela, desde el momento en que conozcan el hecho que la motivare, los parientes llamados a ella y la persona bajo cuya guarda se encuentre el menor o incapacitado. Si no lo hicieren, serán responsables solidarios de la indemnización de los daños y perjuicios causados.
Cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial el hecho determinante de la tutela, en cuyo caso pedirá el primero y dispondrá el segundo, incluso de oficio, la constitución de la tutela.
El Juez constituirá la tutela previa audiencia a los parientes más próximos, de las personas que considere oportuno, y, en todo caso, al tutelado si tuviera suficiente juicio y siempre si fuera mayor de doce años.

Efectivamente los padres podrán bien en testamento o en documento público notarial :
* nombrar tutor
* establecer los órganos de fiscalización de la tutela, así como designar a las personas que hayan de integrarlos
* ordenar cualquier otra disposición sobre la persona o bienes de sus hijos menores o incapacitados.

Las disposiciones aludidas vincularán al juez salvo que el beneficio del menor o incapacitado exija otra cosa lo que acordará el juez razonando debidamente el por que de su decisión. Igualmente, cabe señalar que para que dichas disposiciones sean eficaces es necesario que en el momento de adoptarlas el disponente no se halle privado de la patria potestad.

En tal caso resolverá el juez de forma razonada lo que considere más conveniente para el interés del tutelado.

Para el nombramiento del tutor se preferirá:
1. al cónyuge que conviva con el tutelado.
2. a los padres.
3. a la persona o personas designadas por éstos en su testamento
4. al descendiente, ascendiente o hermano que designe el Juez.

Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden anterior o prescindir de todas las personas mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exigiere. En defecto de las personas mencionadas anteriormente, el Juez designará tutor a quien, por sus relaciones con el tutelado y en beneficio de éste, considere más idóneo. Además, se considera beneficiosa para el menor la integración en la vida de familia del tutor.
Si hubiere que designar tutor para varios hermanos, el juez procurará que el nombramiento recaiga en una misma persona.

Podrán serlo todas las personas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, mayores de edad no incapacitados. También las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de menores e incapacitados pueden ejercer la tutela.
No pueden ser nombrados tutores las personas en las que concurra alguna/s de las siguientes causas:
1. los que estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad por resolución judicial
2. los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela anterior
3. los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras están cumpliendo la condena
4. los condenados por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñarán bien la tutela
5. las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de vivir conocida
6. los quebrados y concursados no rehabilitados, salvo que la tutela lo sea solamente de la persona.
7. los que tuvieren enemistad manifiesta con el menor o incapacitado
8. los que tuvieren importantes conflictos de intereses con el mismo, mantengan con él pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la titularidad de los bienes o los que le adeudaren sumas de consideración).
Finalmente, tampoco pueden ser tutores los excluidos expresamente por el padre o por la madre en sus disposiciones en testamento o documento notarial, salvo que el Juez, en resolución motivada, estime otra cosa en beneficio del menor o del incapacitado.

En tal caso será removido del cargo y lo mismo ocurrirá si incumple los deberes propios de su cargo o es notoriamente inepto para su ejercicio o surgen problemas de convivencia graves y continuados entre este y el tutelado.
Para removerlo de su cargo, se ha de tramitar un procedimiento durante cuya tramitación podrá el juez suspender en sus funciones al tutor y nombrar al tutelado un defensor judicial.

Si es excusable, cuando por razones de edad, enfermedad, ocupaciones profesionales o personales, por falta de vínculos de cualquier clase entre tutor y tutelado o por cualquier otra causa resulte excesivamente gravoso el ejercicio del cargo.
El interesado que alegue la causa de excusa deberá hacerlo en el plazo de 15 días a contar desde que tuviera conocimiento del nombramiento.
También podrá el tutor excusarse de continuar ejerciendo la tutela, siempre que haya persona en parecidas condiciones para sustituirle, cuando durante el desempeño de aquella le sobrevenga cualquiera de los motivos de excusa señalados anteriormente. En este caso la excusa se podrá alegar en cualquier momento.

El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular:
1.a procurarle alimentos;
2. a educar al menor y procurarle una formación integral
3a promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad.
4. a informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración.
El tutor único y, en su caso, el de los bienes es el administrador legal del patrimonio del tutelado y está obligado a ejercer dicha administración con la diligencia de un buen padre de familia.
El tutor está también obligado a hacer inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días , a contar de aquel en que hubiese tomado posesión del cargo, este plazo lo podrá prorrogar el juez si concurriere causa para ello.

En tal caso se entiende que lo renuncia.

1.para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial.
2 . para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados.
3. para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado.
4 . para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las liberalidades.
5.. para hacer gastos extraordinarios en los bienes.
6 para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía.
7 . para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.
8 para dar y tomar dinero a préstamo.
9. para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.
10. para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.

El tutor tiene derecho a una retribución, siempre que el patrimonio del tutelado lo permita. Corresponde al Juez fijar su importe y el modo de percibirlo, para lo cual tendrá en cuenta el trabajo a realizar y el valor y la rentabilidad de los bienes, procurando en lo posible que la cuantía de la retribución no baje del 4 por ciento ni exceda del 20 por ciento del rendimiento líquido de los bienes.
Los padres, en testamento, podrán establecer que el tutor haga suyos los frutos de los bienes del tutelado a cambio de prestarle los alimentos, salvo que el juez , en resolución motivada, disponga otra cosa.
El tutor tiene derecho a la indemnización de los daños y perjuicios que sufra en el ejercicio de la tutela sin culpa de su parte, con cargo a los bienes del tutelado, de no poder obtener de otro modo su resarcimiento.

1.cuando el menor de edad cumple los dieciocho años, a menos que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado
2 por la adopción del tutelado menor de edad.
3. por fallecimiento de la persona sometida a tutela.
4.por la concesión al menor del beneficio de la mayor edad.
5.cuando habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el titular de ésta la recupere.
6 . al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación o que modifique la sentencia de incapacitación en virtud de la cual se sustituye la tutela por la curatela.

La curatela tiene por objeto la intervención del curador sólo en ciertos actos de la vida del curatelado de especial transcendencia, complementando su capacidad. Ello es debido a que el llamado a la curatela no es un incapaz, sino una persona que carece de capacidad de obrar plena.
Están sujetos a curatela:
1. los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la Ley.
2. los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad
3. los declarados pródigos
4. las personas a quienes la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución judicial que la modifique coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento.

La curatela no tendrá otro objeto que la intervención del curador en los actos que los menores o pródigos no puedan realizar por sí solos. La curatela de los incapacitados tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido. En general, si la sentencia de incapacitación no hubiese especificado los actos en que deba ser necesaria la intervención del curador, se entenderá que ésta se extiende a los mismos actos en que los tutores necesitan autorización judicial, antes vistos.

Son aplicables a los curadores las normas sobre nombramiento, inhabilidad, excusa y remoción de los tutores. No podrán ser curadores los quebrados y concursados no rehabilitados.

La prodigalidad se puede definir como aquella conducta desarreglada en la gestión o uso del propio patrimonio de carácter habitual que pone injustificadamente en peligro la conservación del patrimonio en perjuicio de su familia y, en particular, de quien tiene derecho a reclamarle alimentos.